Doble discurso del gobierno del Frente de Todos para tapar el ajuste

Escribe Adolfo Santos

Quedó atrás el primer año del gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Llegaron prometiendo gobernar para los sectores más vulnerables, a los que Macri había atacado sistemáticamente durante su gobierno. Fue solo un doble discurso. En los hechos, el ajuste continúa, la inflación no cede, los salarios son reajustados a la baja y la política económica se centra en las negociaciones con el FMI y el cumplimiento de sus exigencias para pagar la deuda externa. En este marco, padecemos el flagelo de la pandemia en el que el gobierno peronista destinó más recursos para socorrer a los grandes empresarios y multinacionales que los que dispuso, y dispone, para la salud del pueblo trabajador y para paliar las necesidades que genera la pobreza en los hogares humildes. Las y los trabajadores de todo el país seguimos expuestos también al contagio cuando viajamos en el transporte público hacinados y por la falta de medidas efectivas de protección en los lugares de trabajo. 

Con el gobierno del Frente de Todos el salario sigue perdiendo terreno. Con una inflación cercana a 40 por ciento, que asciende a varios puntos más en los rubros más necesarios, como alimentos y bebidas, la mayoría de los acuerdos salariales fueron cerrados a la baja, con sumas fijas y en cuotas. Es el caso de gremios importantes como metalúrgicos, mercantiles, la construcción, bancarios, sanidad, alimentación y, recientemente, ferroviarios. Peor todavía es la situación de los trabajadores estatales y los docentes. UPCN y la ATE que conduceHugo “Cachorro” Godoy cerraron un aumento de 25 por ciento en cuatro cuotas hasta mediados de 2021, llegando al extremo de percibir solo 7 por ciento de incremento en 2020. En el caso de los trabajadores de la educación, la burocracia acordó un aumento en cuotas de 33,46 por ciento. O sea, la mayoría de los trabajadores vieron perder parte de su salario con la inflación mientras los dirigentes sindicales burocráticos no opusieron resistencia alguna.

Salario mínimo y jubilaciones: un ataque a los vulnerables 

El salario mínimo, importante valor testigo para la numerosa franja de trabajadores que están en negro, fue acordado en octubre en una reunión relámpago de la Comisión Técnica del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las cúpulas de la CGT y de las CTA, con la presencia de la CTEP, aunque sin voto, acordaron con las cámaras patronales, y bajo la supervisión del gobierno, un reajuste de 28 por ciento, solo que, al ser en cuotas, en 2020 recibieron apenas 22 por ciento.  

Las jubilaciones, otro de los indicadores de la situación económica del pueblo trabajador, también sufrieron un duro golpe. La promesa del candidato Alberto Fernández, de que una de sus prioridades sería mantener el poder adquisitivo de los jubilados, no fue cumplida. Suspendió la vergonzosa ley de movilidad de Mauricio Macri, otorgó aumentos por decreto y estableció un mecanismo de reajuste que inexorablemente significó una pérdida para los y las jubiladas. Cobardemente, el gobierno aprovechó el proceso de movilización por la ley de interrupción voluntaria del embarazo para aprobar, junto con la oposición patronal, una movilidad jubilatoria que no contempla la inflación. Ahora el objetivo es “ahorrar” alrededor de 100.000 millones de pesos que irán a parar a los cofres del FMI. Un verdadero Robin Hood, al revés, les saca a los jubilados para darle a los banqueros.

Es un brutal ataque a un sector largamente postergado. Si consideramos la inflación oficial, las jubilaciones sufrieron pérdidas que alcanzan 8,7 por ciento. No solo no se recuperaron las pérdidas de la era Macri, sino que se profundizó el deterioro. Pero en realidad estos índices son peores. La recomposición de las jubilaciones recién se completará en marzo, ya que fue otorgada en cuotas, y todo indica que la inflación de este año puede seguir creciendo muy por encima de los índices de movilidad pautados por el gobierno. 

La burocracia sindical es cómplice del ajuste del gobierno peronista 

Esta situación de deterioro social, agravada por la pandemia, no sería posible sin la complicidad de la dirigencia sindical burocrática. Los dirigentes de la CGT han apoyado cada medida del gobierno, incluida la negociación con los usureros de la deuda externa. Se reunieron con el FMI para pedir clemencia en vez de llamar a una movilización para enfrentarlo y exigirle al gobierno que rompa esos acuerdos que nos condenan a más miseria y pobreza. Lo único que movilizó a los burócratas sindicales fue el reclamo del dinero de las obras sociales, una verdadera caja negra que manejan discrecionalmente y que sirve para mantener sus prebendas. No organizaron ninguna lucha para defender el salario u oponerse a los despidos, las suspensiones y la pérdida de derechos. Sí se reunieron con Alberto Fernández para solicitar que se aumenten los aportes de los trabajadores a las obras sociales.

Organizar la lucha para enfrentar el ajuste del gobierno 

Este 2021 será un año en el que tendremos que seguir enfrentando el fuerte ajuste que pretende imponer el gobierno. Evidentemente, no tenemos ninguna confianza en que los dirigentes burocráticos vayan a movilizar contra los planes de ajuste. Su papel es impedir que se desarrollen las luchas. Para revertir esta situación tenemos que organizarnos desde las bases para frenar este brutal ajuste. No se pueden seguir soportando las políticas de un gobierno que, con doble discurso y frases grandilocuentes como “se acabó la Argentina de los vivos”, gobierna para los grandes empresarios, a los que les otorga subsidios que favorecen sus ganancias, en desmedro de los trabajadores y los sectores populares a los que empobrece con el ajuste, vía la inflación, con la precarización laboral o con despidos. 

En 2020, en medio de las limitaciones impuestas por la pandemia, varios sectores salieron a luchar para enfrentar los despidos y las suspensiones y para exigir mejores condiciones de salario y de trabajo. Los sindicatos aceiteros protagonizaron una huelga de veinte días que paralizó terminales portuarias y el complejo agroindustrial. Hicieron retroceder a la patronal del sector y consiguieron 35 por ciento de aumento salarial en 2020, un bono anual igual a un salario, un bono pandemia de 90.000 pesos en nueve cuotas y un ajuste salarial de 25 por ciento para 2021 en dos tramos, más una revisión salarial en agosto con aplicación del IPC (Índice de Precios al Consumidor). Un importante triunfo que muestra el camino. Pero no fueron los únicos, los trabajadores de la salud, ferroviarios encabezados por la Lista Bordó del Pollo Sobrero, los del neumático, mineros y ceramistas de Neuquén, aeronáuticos de Latam, docentes de diferentes provincias, municipales de Córdoba, Algodonera Avellaneda, entre otros, también ganaron las calles demostrando una importante disposición de lucha. 

Hay que exigirle a la CGT que rompa la tregua con el gobierno, las grandes patronales y las multinacionales. Hay que organizarse desde abajo, realizar asambleas donde se pueda, o reuniones de delegados y activistas para pelear para que los salarios y las jubilaciones sean acordes a la canasta familiar. Que los desocupados cobren lo mismo que el costo de la canasta de pobreza calculada para una familia tipo, que en diciembre pasado alcanzó los 55.000 pesos. Que se frenen realmente los despidos y las suspensiones mientras dure la pandemia. Que se les exija a las patronales que cumplan con todas las medidas de protección adecuadas en cada lugar de trabajo. Que se hagan testeos masivos, se pague un salario que permita vivir a los trabajadores y sectores populares que deban aislarse y se continúe la vacunación, acelerando el ritmo, incluyendo en primer término a todos los trabajadores considerados esenciales. 

Por estas medidas, apoyando todas las luchas y por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora venimos peleando desde el sindicalismo combativo. 

Desde Izquierda Socialista, junto al Frente de Izquierda Unidad, seguiremos luchando por estas reivindicaciones, contra el ajuste del gobierno y el FMI, por una alternativa política para los trabajadores y los sectores populares que comience por romper los acuerdos con los usureros e imponer el no pago de la deuda externa para así tener salarios, salud, educación y viviendas dignos, para que la crisis la paguen los capitalistas.